Santa Cruz
La juez abre el juicio del ´caso mamotreto´
La magistrada mantiene como acusados a cuatro exconcejales de CC y a tres funcionarios de Urbanismo
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En primer término, el edificio de aparcamientos y centro comercial de Las Teresitas. carsten w. lauritsen
NOÉ RAMÓN
SANTA CRUZ DE TENERIFE Habrá juicio oral del caso mamotreto. La titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juana María Hernández, ha decidido declarar abierto este proceso que culminará en una vista cuya fecha será señalada en breve.
La magistrada mantiene como acusados a los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia, José Domingo Pastor y Luz Reverón además de a los técnicos, Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez. Para todos ellos la fiscal de Delitos Medio Ambientales, Inmaculada Violán, pide globalmente 18 años de prisión y el pago de su propio bolsillo de los gastos que acarree el derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas y las indemnizaciones a lar empresa adjudicataria OHL y al arquitecto, Dominique Perrault.
La titular del Juzgado de Instrucción acepta a la petición de la fiscal de celebrar juicio oral al considerar que los hechos "objeto de este procedimiento revisten las características de delitos" contra la Ordenación del Territorio y Prevaricación Urbanística. Ahora sólo resta decidir sobre si se debe solicitar a los acusados que respondan desde estos momentos con su patrimonio por la petición de responsabilidad civil.
El caso mamotreto pasa ya al Juzgado de lo Penal que corresponda después de haber permanecido durante tres años en la fase de instrucción y también en la intermedia, que consistió en la presentación de los escritos de acusación y defensa.
Ahora a los encausados sólo les queda la posibilidad de presentar un escrito de defensa y un recurso de reforma, en este último caso únicamente si se ha incurrido en algún defecto de forma.
Gerencia
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, forma parte de la lista de testigos que serán llamado a declarar en el transcurso de esta vista oral. En su etapa en la oposición fue uno de los denunciantes de este caso. Ahora al frente de la Gerencia de Urbanismo señala que el auto hecho público ayer, "era lo esperado. Estamos a la expectativa de lo que ocurra". Bethencourt mantiene la posición del nuevo grupo de gobierno local de derribar este edificio y hacerlo lo antes posible. "Respeto mucho lo que diga la justicia", indicó el concejal.
En estos momentos hay una sentencia firme que da validez al acuerdo plenario adoptado hace más de un año con los votos del Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz para tirar el inmueble. Este acuerdo fue impugnado ante los tribunales por el exalcalde Miguel Zerolo y los once concejales de Coalición Canaria (CC) y del Centro Canario Nacionalista (CCN). Finalmente el magistrado determinó que esta decisión plenaria era válida para llevar a cabo la demolición.
Los hechos que son objeto de este contencioso judicial se remontan a finales del año 2001, momento en el que la Gerencia de Urbanismo aprobó la redacción del proyecto para ordenar el frente de Las Teresitas. Una obra que fue adjudicada al arquitecto francés, Dominique Perrault. Dentro de esta actuación se situaba la construcción de un gran aparcamiento y centro comercial que venía a sustituir al parking gratuito ubicado al lado de la playa.
El proyecto estaba dividido en dos fases diferenciadas de las cuales una parte iba a ser financiada por las instituciones canarias y la otra por la Dirección General de Costas. Fue el Gobierno de canarias, Cabildo y Ayuntamiento los que iniciaron las obras que se correspondían con la desaparición del antiguo campo de fútbol sobre el que se levantó esta edificación con capacidad, en principio, para 272 plazas de aparcamientos.
El inmueble iba a ocupar en su cara frente a la playa tanto la servidumbre de protección propiedad del Gobierno canario como 1.223 metros cuadrados de dominio público de Costas. Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos. En el caso del organismo estatal al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa del los terrenos.
Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició unas investigaciones que han concluido con que el edificio "incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor". Todo ello en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo, por contemplar la ocupación de suelo destinado a vía o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen ocupación máxima permitida y en parámetros relativos a la superficie, que tampoco estaba justificada en el proyecto, siempre en relación a las condiciones particulares que la normativa establecía para esta zona".
Pese a que Costas no acababa de iniciar las obras, el Ayuntamiento decidió seguir con su parte de los trabajos. No fue hasta 2008 cuando se decidió parar la actuación ante la "imposibilidad" de lograr permiso para ocupar el dominio público. Durante estos años ha sido larga la lista de testigos e imputados que han acudido por el Juzgado de Instrucción. Un proceso que acabará ahora con la apertura del juicio oral.
SANTA CRUZ DE TENERIFE Habrá juicio oral del caso mamotreto. La titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juana María Hernández, ha decidido declarar abierto este proceso que culminará en una vista cuya fecha será señalada en breve.
La magistrada mantiene como acusados a los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia, José Domingo Pastor y Luz Reverón además de a los técnicos, Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez. Para todos ellos la fiscal de Delitos Medio Ambientales, Inmaculada Violán, pide globalmente 18 años de prisión y el pago de su propio bolsillo de los gastos que acarree el derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas y las indemnizaciones a lar empresa adjudicataria OHL y al arquitecto, Dominique Perrault.
La titular del Juzgado de Instrucción acepta a la petición de la fiscal de celebrar juicio oral al considerar que los hechos "objeto de este procedimiento revisten las características de delitos" contra la Ordenación del Territorio y Prevaricación Urbanística. Ahora sólo resta decidir sobre si se debe solicitar a los acusados que respondan desde estos momentos con su patrimonio por la petición de responsabilidad civil.
El caso mamotreto pasa ya al Juzgado de lo Penal que corresponda después de haber permanecido durante tres años en la fase de instrucción y también en la intermedia, que consistió en la presentación de los escritos de acusación y defensa.
Ahora a los encausados sólo les queda la posibilidad de presentar un escrito de defensa y un recurso de reforma, en este último caso únicamente si se ha incurrido en algún defecto de forma.
Gerencia
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, forma parte de la lista de testigos que serán llamado a declarar en el transcurso de esta vista oral. En su etapa en la oposición fue uno de los denunciantes de este caso. Ahora al frente de la Gerencia de Urbanismo señala que el auto hecho público ayer, "era lo esperado. Estamos a la expectativa de lo que ocurra". Bethencourt mantiene la posición del nuevo grupo de gobierno local de derribar este edificio y hacerlo lo antes posible. "Respeto mucho lo que diga la justicia", indicó el concejal.
En estos momentos hay una sentencia firme que da validez al acuerdo plenario adoptado hace más de un año con los votos del Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz para tirar el inmueble. Este acuerdo fue impugnado ante los tribunales por el exalcalde Miguel Zerolo y los once concejales de Coalición Canaria (CC) y del Centro Canario Nacionalista (CCN). Finalmente el magistrado determinó que esta decisión plenaria era válida para llevar a cabo la demolición.
Los hechos que son objeto de este contencioso judicial se remontan a finales del año 2001, momento en el que la Gerencia de Urbanismo aprobó la redacción del proyecto para ordenar el frente de Las Teresitas. Una obra que fue adjudicada al arquitecto francés, Dominique Perrault. Dentro de esta actuación se situaba la construcción de un gran aparcamiento y centro comercial que venía a sustituir al parking gratuito ubicado al lado de la playa.
El proyecto estaba dividido en dos fases diferenciadas de las cuales una parte iba a ser financiada por las instituciones canarias y la otra por la Dirección General de Costas. Fue el Gobierno de canarias, Cabildo y Ayuntamiento los que iniciaron las obras que se correspondían con la desaparición del antiguo campo de fútbol sobre el que se levantó esta edificación con capacidad, en principio, para 272 plazas de aparcamientos.
El inmueble iba a ocupar en su cara frente a la playa tanto la servidumbre de protección propiedad del Gobierno canario como 1.223 metros cuadrados de dominio público de Costas. Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos. En el caso del organismo estatal al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa del los terrenos.
Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició unas investigaciones que han concluido con que el edificio "incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor". Todo ello en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo, por contemplar la ocupación de suelo destinado a vía o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen ocupación máxima permitida y en parámetros relativos a la superficie, que tampoco estaba justificada en el proyecto, siempre en relación a las condiciones particulares que la normativa establecía para esta zona".
Pese a que Costas no acababa de iniciar las obras, el Ayuntamiento decidió seguir con su parte de los trabajos. No fue hasta 2008 cuando se decidió parar la actuación ante la "imposibilidad" de lograr permiso para ocupar el dominio público. Durante estos años ha sido larga la lista de testigos e imputados que han acudido por el Juzgado de Instrucción. Un proceso que acabará ahora con la apertura del juicio oral.
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